Guerra Cognitiva

Sabemos que en los costes económicos muchas veces no se tienen en cuenta los impactos medioambientales, porque las empresas tienen miedo de no ser competitivas en el mercado, incurriendo muchas veces en daños medioambientales severos con la excusa del crecimiento económico.

Actualmente se sostiene una lucha ética por el crecimiento sostenible. Esta batalla no solo se limita a la esfera económica, sino que también toca temas sociales y ambientales que nos afectan a todos. Nuestra evolución civilizatoria abre ante nosotros el desafío de asumir los costes, si cabe más ocultos, que son los costes de salud en su sentido más amplio, tanto de nuestras psiques y cuerpos humanos, como de su impacto en otros seres vivos y ecosistemas. Es primordial que se adopten prácticas que aseguren un desarrollo que no comprometa las necesidades de las futuras generaciones, y que reconozcamos la interconexión entre nuestros estilos de vida y el bienestar del entorno que nos rodea.

Se argumenta que imputar estos costes ocultos, sean ambientales o de salud, es inviable, pues dispararia el precio de los bienes y servicios, sin embargo aquí demostraremos que esto es perfectamente viable, siempre y cuando la riqueza de las naciones se traslade en su justa medida a los ciudadanos que las conforman.

En el post anterior (El Dilema Chino), argumenté que es la falta de poder ciudadano lo que lleva a las naciones a absorver recursos ingentes y gastarlos en aspiraciones imperiales de poder como en el caso Chino, o diluirlos por la corrupción, como es el caso de las democracias occidentales. Estos recursos, sustraidos de la masa salarial de los ciudadanos, podrían ser distribuidos para adquirir los productos y servicios a su precio real. Productos y servicios que además serian infinitamente mejores en cuanto a calidad y sostenibilidad.

Reflexiono como los imperios se terminaron diluyendo en el mercantilismo, por la estupidez de mantener económicamente enormes ejércitos a miles de kilometros, para ejercer un control en el cual los beneficios económicos se diluian en el aparato de control.

La libertad es la base, el sustrato ético, que permite un ejercicio de control de las ansias de poder humanas, por tanto su eliminación es un suicidio económico.

Lo que a continuación se expone es un análisis derivado de varios hilos de prompts en los que interacciono con Gemini (Google) y chatGPT (openAI).

Introducción: La Externalización de Costes como Síntoma de una Crisis Civilizatoria

El modelo económico preponderante a nivel global, en su búsqueda incesante de crecimiento medido en términos monetarios, ha normalizado la externalización de múltiples y profundos daños sociales, ambientales y de salud holística. Como bien documenta el análisis económico y científico, estos «costes ocultos» ascienden a cifras astronómicas que desmienten la supuesta eficiencia de dicho modelo. Las externalidades sociales, ambientales y sanitarias globales de sectores clave como la energía y el transporte ya suman unos 24,7 billones de dólares anuales, lo que representa aproximadamente el 28,7% del PIB mundial[1]. En Europa, por ejemplo, la contaminación industrial del aire por sí sola genera costes externos estimados entre 268 y 428 mil millones de euros cada año, cerca del 2% de su PIB[2].

Estos cálculos apenas comienzan a arañar la superficie de un problema que incluye impactos directos en la salud física (enfermedades respiratorias, cardiovasculares, muertes prematuras), la degradación irreversible de ecosistemas vitales, la aceleración del cambio climático, y un creciente deterioro de la salud mental colectiva. Al no imputarse estos costes a los procesos de producción y consumo que los originan, los bienes y servicios contaminantes o socialmente dañinos resultan artificialmente baratos y, por ende, son sobreproducidos y sobreconsumidos. Mientras tanto, las alternativas genuinamente sostenibles luchan por competir en un mercado que ignora sistemáticamente el valor real.

Sin embargo, esta masiva externalización de costes no es un mero fallo técnico del mercado, sino un síntoma de desequilibrios de poder más profundos y de una concepción limitada del progreso. Es el reflejo de una estructura donde la falta de poder ciudadano efectivo y la ausencia de una libertad sustantiva impiden que las sociedades internalicen estos costes y orienten su actividad económica hacia el bienestar integral. Abordar esta problemática nos sitúa ante un desafío fundamental para nuestra evolución civilizatoria: transitar hacia un paradigma donde la economía esté al servicio de la vida en todas sus formas.

La Magnitud de los Costes Ignorados

La dimensión de los costes que nuestro modelo de desarrollo actual se niega a reconocer es sistémica y afecta a múltiples niveles del bienestar humano y planetario:

• Contaminación Ambiental Devastadora: Los daños por emisiones de CO2​, la generación de smog, los vertidos tóxicos y otras formas de polución no solo afectan la salud global y aceleran la crisis climática, sino que comprometen la viabilidad de los ecosistemas para las futuras generaciones. La quema de combustibles fósiles, por ejemplo, acarrea costes sanitarios directos (enfermedades respiratorias y cardiovasculares) y pérdidas agrícolas significativas que no son asumidas por los responsables de dichas emisiones[2]. Un revelador estudio de Yale/Sussex concluye que los costes no contabilizados de la contaminación energética mundial equivalen a más del 25% del PIB global, «casi el mismo valor que los costes de producción»[1].
• Erosión de la Salud Pública: Las enfermedades directamente asociadas a la polución ambiental y a modelos de producción y consumo insalubres (como el asma, diversos tipos de cáncer o las intoxicaciones por químicos) no solo generan un inmenso sufrimiento humano, sino que disparan los gastos médicos públicos y privados y provocan una considerable pérdida de productividad. En Estados Unidos, se ha estimado que la polución del aire tuvo un coste aproximado del 5% del PIB en 2014 (unos 790.000 millones de dólares) solo en daños sanitarios[4]. El Fondo Monetario Internacional subraya cómo los productores suelen ignorar estos costes indirectos al fijar sus precios, trasladando la carga del incremento de gastos hospitalarios, la atención a enfermos crónicos y las muertes prematuras al conjunto de la sociedad[3].
• Impacto en la Salud Mental Colectiva: Un coste aún más insidioso y frecuentemente invisibilizado es el deterioro de la salud psíquica. El estrés ambiental derivado de entornos degradados, la ecoansiedad generada por la crisis climática y los traumas asociados a desastres naturales cada vez más frecuentes y severos (inundaciones, incendios, huracanes) elevan significativamente la incidencia de trastornos mentales como el estrés postraumático, la depresión y la ansiedad[5,6]. Publicaciones como The Lancet han alertado sobre la urgencia de investigar y abordar estos impactos profundos y a menudo silenciosos del cambio climático y la degradación ambiental sobre la salud mental de las poblaciones a escala global[5,6].

Estos costes ocultos, en su conjunto, representan una merma directa en la calidad de vida y el bienestar general, una carga que los ciudadanos, especialmente los más vulnerables y desprovistos de poder, se ven forzados a soportar mientras los beneficios se concentran en pocas manos.

Hacia una Economía de Costes Reales: El Imperativo de la Redistribución y el Empoderamiento Ciudadano

La internalización de estos costes externalizados no es una mera opción técnica, sino un imperativo ético y una condición necesaria para la sostenibilidad. Para ello, es crucial implementar instrumentos fiscales y, fundamentalmente, mecanismos redistributivos que permitan a la sociedad en su conjunto afrontar el precio real de los bienes y servicios, fomentando así un modelo de producción y consumo verdaderamente sostenible.

La imputación de estos costes ocultos, sean ambientales o de salud, se argumenta a menudo como inviable, pues supuestamente dispararía el precio de los bienes y servicios hasta hacerlos inaccesibles. Sin embargo, esta objeción solo se sostiene si se asume la actual y profundamente desigual distribución de la riqueza. La viabilidad de una economía de costes reales es perfectamente alcanzable si, y solo si, la riqueza de las naciones se traslada en su justa medida a los ciudadanos que las conforman, restaurando su poder adquisitivo.

Las siguientes políticas, entendidas no solo como herramientas económicas sino como vías para el empoderamiento ciudadano, son fundamentales:

• Impuesto Ambiental con Dividendo Ciudadano: Una medida emblemática consiste en gravar las actividades que generan externalidades negativas (emisiones de CO2​, uso de plásticos de un solo uso, minería destructiva, etc.) y redistribuir íntegra y equitativamente los ingresos recaudados entre todos los ciudadanos, por ejemplo, mediante un dividendo per cápita. Estudios como el publicado en Nature Climate Change demuestran que un impuesto al carbono cuyos ingresos se reciclan igualitariamente no solo facilita el cumplimiento de los objetivos climáticos (como el de limitar el calentamiento a 2∘C), sino que puede generar «dividendos inmediatos en bienestar, reducción de la pobreza e inequidad»[7]. En la práctica, estos modelos de impuesto-dividendo han probado que las familias de bajos y medianos ingresos resultan netamente favorecidas (el dividendo suele superar el incremento de precios en energía y otros bienes) y se reduce la desigualdad general[7]. Este mecanismo internaliza el coste social y ambiental de la contaminación y, simultáneamente, aumenta el ingreso disponible y la capacidad de elección de la ciudadanía.
• Transferencias Sociales Progresivas y Fortalecimiento de lo Público: Una redistribución más amplia de la riqueza, a través de sistemas fiscales genuinamente progresivos (impuestos a las altas rentas, a las grandes fortunas y a las transacciones especulativas) y un incremento sustancial de la inversión en servicios públicos universales y de calidad (salud, educación, cuidados, vivienda), permite que un mayor número de personas pueda acceder a bienes y servicios sostenibles, incluso si estos reflejan su «precio real» más elevado. El FMI ha destacado que el desplazamiento de recursos de los más ricos hacia los más pobres y hacia la inversión pública no solo es una cuestión de justicia, sino que a menudo acelera el crecimiento económico inclusivo y la reducción de la pobreza[8]. Esto, a su vez, refuerza la demanda de soluciones saludables y ecológicas, como la vivienda energéticamente eficiente, el transporte público de calidad, la agricultura regenerativa y las dietas basadas en alimentos frescos y locales.
• Fondos Públicos Verdes y Reorientación de Subsidios: Es crucial dirigir activamente el gasto público y los subsidios hacia el fomento de energías limpias y renovables, la salud preventiva, el transporte sostenible, la agroecología y la restauración de ecosistemas. Esto implica, por ejemplo, la eliminación decidida de los ingentes subsidios que aún reciben los combustibles fósiles a nivel mundial y la reasignación de esos fondos hacia la transición energética y la adaptación climática. Estas medidas no solo internalizan el coste climático, sino que mejoran el acceso a tecnologías limpias y resilientes.

En suma, una política redistributiva fuerte y multidimensional –que abarque la renta básica universal o el dividendo ciudadano, la salud y educación públicas y gratuitas, y el acceso a vivienda digna– elevaría el poder adquisitivo real de la mayoría de la población. Esto permitiría a los ciudadanos no solo afrontar los precios de productos y servicios que incluyan su verdadero coste ambiental y sanitario, sino también demandarlos activamente, impulsando así una transformación del mercado hacia la calidad, la sostenibilidad y la ética[7,8].

El Coste de la No-Libertad: Cómo la Ausencia de Poder Ciudadano Sostiene un Modelo Depredador

La persistencia de un modelo económico que externaliza costes tan significativos está intrínsecamente ligada a la falta de poder ciudadano efectivo y a la ausencia de una libertad sustantiva para la mayoría de la población. Cuando los ciudadanos carecen de los mecanismos y la capacidad real para fiscalizar las decisiones económicas y el gasto público, y para exigir responsabilidades a quienes ostentan el poder político y económico, se abren las puertas a ineficiencias mayúsculas y a la priorización de intereses minoritarios sobre el bien común.

• Captura de Rentas y Desvío de Recursos: En ausencia de una rendición de cuentas democrática robusta, las élites tienden a dirigir los fondos públicos y a configurar las políticas económicas para proteger y expandir sus propios privilegios, en lugar de invertirlos en desarrollo sostenible y bienestar colectivo. Estudios sobre la «maldición de los recursos» han evidenciado cómo en sistemas no democráticos o con instituciones débiles, los ingentes ingresos provenientes de la explotación de recursos naturales frecuentemente no se traducen en desarrollo, sino que alimentan conflictos internos, corrupción y clientelismo[9]. La sociedad incurre en gastos excesivos en el «control de rentas» (seguridad, represión, burocracia al servicio de la élite) mientras una minoría captura los beneficios, generando profundas ineficiencias y desigualdades[9]. Este comportamiento rentista es el caldo de cultivo de la corrupción sistémica, que drena los recursos que podrían destinarse a la transición verde o a la mejora de los servicios sociales.
• Opacidad y Gasto Imperial o Autoritario: Los regímenes autoritarios, por su propia naturaleza, tienden a una gran opacidad en la gestión de los presupuestos clave, especialmente los militares y de seguridad. Un informe de SIPRI revela que mientras las democracias avanzadas suelen publicar un desglose completo de su gasto militar, solo un exiguo 19% de las autocracias lo hace[10]. Esta falta de transparencia no solo fomenta el despilfarro en armamento y en el fortalecimiento del aparato represivo interno –necesario para mantener un control sin consentimiento–, sino que también desvía masivamente el dinero público de inversiones productivas y socialmente necesarias como la salud, la educación o la transición ecológica. Como argumento en «El Dilema Chino», esta dinámica lleva a las naciones con falta de poder ciudadano a absorber recursos ingentes para gastarlos en aspiraciones imperiales de poder, como en el caso chino, o a diluirlos por la corrupción, como sucede en muchas democracias occidentales cuya calidad institucional se ha degradado. Los países que no publican presupuestos detallados son «los más propensos a la corrupción» según el análisis de IDEA/SIPRI[10].
• La Ineficiencia Histórica del Control Excesivo: La historia nos ofrece lecciones recurrentes sobre imperios y sistemas que, en su afán de control absoluto, terminaron por colapsar bajo el peso de sus propios aparatos burocráticos y militares. Los enormes costes económicos de mantener ejércitos y sistemas de vigilancia para ejercer un control en el cual los réditos económicos se diluían progresivamente en el propio aparato de dominación, llevaron a muchos a la decadencia. La libertad, entendida como la capacidad de autoorganización, innovación y corrección de errores de una sociedad, es un factor productivo esencial. Su eliminación o restricción severa, al impedir la adaptación y la asignación eficiente de recursos basada en necesidades reales y no en los dictados de una élite, se convierte, a largo plazo, en una forma de suicidio económico y civilizatorio.

En definitiva, la ausencia de poder ciudadano y de libertad sustantiva es el terreno fértil donde prospera un modelo económico que privatiza ganancias mientras socializa costes ambientales y de salud. Los recursos que podrían ser distribuidos para elevar la masa salarial de los ciudadanos –permitiéndoles adquirir productos y servicios a su precio real, fomentando así una oferta de mayor calidad y sostenibilidad– son sustraídos y malgastados.

Libertad, Participación y la Arquitectura de una Economía Sostenible

La evidencia empírica y el análisis teórico convergen en una conclusión fundamental: las libertades civiles y políticas, junto con una participación ciudadana activa y significativa, no son meros ideales abstractos, sino condiciones necesarias e imprescindibles para construir un desarrollo ético, equitativo y sostenible.

• La Libertad como Fundamento del Discernimiento Colectivo: Los derechos políticos y las libertades fundamentales (expresión, asociación, prensa, acceso a la información) son los que permiten a una sociedad debatir abiertamente, deliberar y definir colectivamente sus necesidades, prioridades y aspiraciones. Como observó Amartya Sen, las libertades civiles habilitan la participación pública en los debates económicos y sociales, facilitando la identificación de qué necesidades deben ser cubiertas por las políticas públicas y cuáles son los costes reales que la sociedad está dispuesta a asumir o internalizar[11]. Sin esta libertad, las decisiones son impuestas por una minority, y los costes ocultos permanecen convenientemente ignorados por quienes se benefician de su externalización.
• Participación Ciudadana como Motor de la Transición: La Unión Europea, al plantear sus estrategias de transición verde, enfatiza que estas políticas solo alcanzarán sus objetivos si los ciudadanos se involucran activamente y se sienten protagonistas del cambio: «El Pueblo es (y debe seguir siendo) la fuerza motriz de la transición»[12]. En efecto, los gobiernos que implementan mecanismos participativos robustos y transparentes tienden a diseñar e implementar políticas ambientales y sociales más ambiciosas, efectivas y con mayor legitimidad social.
• Correlación Positiva entre Libertad y Desempeño Ambiental: Diversos estudios empíricos han encontrado una correlación positiva y significativa entre el grado de democracia y libertad política de un país y su desempeño ambiental[13]. Los países con mayores niveles de libertad política tienden a registrar mejor calidad del aire y del agua, cuentan con más áreas naturales protegidas y muestran mayores avances en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. El Índice de Desempeño Ambiental (EPI) global, por ejemplo, tiende a mejorar a medida que aumentan los índices de libertad política y gobernanza democrática[13]. La libertad de expresión, la transparencia gubernamental y la existencia de instituciones que rinden cuentas facilitan la formulación y aplicación de políticas climáticas y ambientales más audaces y coherentes.
• La Ausencia de Libertad como Bloqueo a la Sostenibilidad: En contraste, en ausencia de estas condiciones –ya sea en regímenes abiertamente autoritarios o en democracias donde la corrupción y la captura del Estado han erosionado los contrapesos y la participación ciudadana efectiva– la falta de fiscalización y la impunidad bloquean las inversiones en sostenibilidad, perpetúan decisiones miopes y cortoplacistas, y permiten que los intereses creados impidan la internalización de los costes ambientales y de salud.

La libertad, por tanto, no es un lujo, sino el sustrato ético y práctico que permite un ejercicio de control sobre las ansias de poder humanas y sobre la tendencia a la explotación cortoplacista. Es la base para construir una economía que reconozca y valore la vida en todas sus dimensiones.

Conclusión: La Evolución Civilizatoria Hacia la Responsabilidad Integral y la Libertad Sustantiva

Internalizar los costes ambientales y de salud en nuestra actividad económica no es simplemente una cuestión de aplicar los instrumentos fiscales o regulatorios correctos. Si bien estos son necesarios, representan solo una parte de la solución. La transición hacia un modelo de desarrollo verdaderamente sostenible, que ponga el bienestar de las personas y la salud del planeta en su centro, exige una transformación mucho más profunda: un fuerte y decidido reparto de la riqueza y, fundamentalmente, una recalibración del poder que lo devuelva a la ciudadanía.

Solo una ciudadanía empoderada, informada y dotada de libertades sustantivas puede exigir y construir un sistema económico donde el «precio real» de los bienes y servicios refleje todos sus impactos, garantizando además que el uso de los recursos nacionales y globales responda al bien común y no a los intereses de élites extractivas, ya sean estas autoritarias o las que operan en democracias degradadas.

La tarea que tenemos por delante, como parte de nuestra evolución civilizatoria, es construir sociedades donde la libertad no sea una mera proclama, sino la base viva que permita el florecimiento de una economía al servicio de la vida, una economía que asuma su responsabilidad integral con el presente y con el futuro. La eliminación o la restricción severa de esta libertad no es solo una tragedia ética, sino, como la historia y el análisis presente demuestran, un camino hacia la insostenibilidad y el declive económico y social[1,7,10].

Nota: Este artículo ha sido desarrollado con la asistencia de las herramientas de inteligencia artificial ChatGPT (OpenAI) y Gemini (Google).

Referencias

1. The missing trillions: The hidden cost of energy externalities. (2021, March). Phys.org. Recuperado de https://phys.org/news/2021-03-trillions-hidden-energy-externalities.html
2. The costs to health and the environment from industrial air pollution in Europe – 2024 update. European Environment Agency. Recuperado de https://www.eea.europa.eu/publications/the-cost-to-health-and-the
3. Externalities: Prices Do Not Capture All Costs. IMF, F&D Basics. Recuperado de https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/basics/38-exter
4. How much does air pollution cost the U.S.? (2022). Stanford Doerr School of Sustainability. Recuperado de https://sustainability.stanford.edu/news/how-much-does-air-pollution-cost-us
5. Charlson, F., et al. (2018). Climate change and mental health: risks, impacts and priority actions. International Journal of Mental Health Systems, 12(28). Recuperado de https://ijmhs.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13033-018-0210-6 (Nota: Esta referencia cubre los puntos [5] y [6] del documento original, incluyendo la mención a The Lancet sobre la necesidad de investigación).
6. (Ver referencia [5])
7. Budolfson, M., et al. (2024). Climate action with revenue recycling has benefits for poverty, inequality and well-being. Nature Climate Change. (Referenciado a través de PubMed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39006801/)
8. Bourguignon, F. (2018, March). Redistribution of Income and Reducing Economic Inequality. IMF Finance & Development Magazine. Recuperado de https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/2018/03/bourguignon
9. Jimenez, A., & Polasek, W. (2007). The Role of the Natural Resource Curse in Preventing Development in Politically Unstable Countries: Case Studies of Angola and Bolivia. INESAD Working Paper No. 11/2007. Recuperado de https://www.econstor.eu/bitstream/10419/189546/1/inesad-wp2007-11.pdf
10. Improving transparency in military spending through disaggregated information. (2022). SIPRI. Recuperado de https://www.sipri.org/commentary/topical-backgrounder/2022/improving-transparency-military-spending-through-disaggregated-information
11. Pelenc, J., et al. (2022). Democracy and Sustainable Development. Anthropocene Science, 1(1), 2. Recuperado de https://link.springer.com/article/10.1007/s44177-022-00019-z (Incluye la referencia a Amartya Sen).
12. The case for public participation in sustainability transitions. (2021). European Environment Agency. Recuperado de https://www.eea.europa.eu/publications/the-case-for-public-participation
13. Jenkins, J. C., et al. (2021). Democracy and the Environment: How Political Freedom Is Linked with Environmental Sustainability. Sustainability, 13(10), 5522. Recuperado de https://www.mdpi.com/2071-1050/13/10/5522